Cuando la administración Trump recortó a finales de marzo más de $11.000 millones en fondos estatales destinados a la era de covid-19, los programas de recuperación de adicciones sufrieron pérdidas rápidas.
Una organización de Indiana que emplea a personas en recuperación para ayudar a compañeros con trastornos por adicciones y afecciones mentales se vio obligada a despedir a tres trabajadores. Un servicio de apoyo digital en Texas para personas con las mismas problemáticas se preparó para cerrar su línea telefónica 24/7 en una semana. Un programa de Minnesota centrado en la adicción en la comunidad de África Oriental restringió su alcance a personas vulnerables que viven en las calles.
Aunque la asistencia federal se otorgó durante la pandemia de covid y algunos de los fondos apoyaron actividades relacionadas con enfermedades infecciosas, una parte considerable se destinó a programas de salud mental y adicciones.
Estas últimas son preocupaciones crónicas en Estados Unidos que se agravaron durante la pandemia y siguen afectando a millones de estadounidenses.
Colorado, por ejemplo, recibió más de $30 millones para estos programas y Minnesota casi $28 millones, según las agencias de salud y servicios humanos de esos estados.
En muchos casos, este dinero se destinó a servicios de recuperación de adicciones, que van más allá del tratamiento tradicional para ayudar a las personas con adicciones a reconstruir sus vidas. Estos programas realizan tareas que las aseguradoras a menudo no reembolsan, como llevar a las personas a citas médicas y audiencias judiciales, preparer currículums y capacitarlas para nuevos empleos, encontrarles alojamiento y ayudarlas a establecer vínculos sociales no relacionados con las drogas.
Un juez federal bloqueó temporalmente los recortes de la administración Trump, lo que permitió que, por ahora, los programas siguieran recibiendo fondos federales. Sin embargo, muchos de los afectados afirman que no pueden recontratar fácilmente a las personas que despidieron ni reactivar los servicios que redujeron.
Además, no están seguros de poder sobrevivir a largo plazo en un entorno de incertidumbre y temor, sin saber cuándo se revocará el fallo del juez o se recortará otra fuente de financiamiento.
La semana en que se recortaron drásticamente los fondos, la administración Trump también anunció una reorganización masiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que incluye la consolidación de la principal agencia federal dedicada a los servicios de recuperación de adicciones. Sin una oficina independiente como la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, muchos defensores temen que el trabajo de recuperación, y el dinero para apoyarlo, ya no sea una prioridad.
Aunque fundaciones privadas y gobiernos estatales podrían intervenir, es poco probable que puedan igualar las sumas de financiación federal.
“El apoyo a la recuperación se considera opcional”, dijo Racquel García, fundadora de HardBeauty, una organización de recuperación de adicciones con sede en Colorado.
Los recortes federales ponen en riesgo una subvención de cerca de $75.000 que su equipo había recibido para atender a mujeres embarazadas con adicciones en dos condados rurales de Colorado.
“Es muy fácil tomar decisiones drásticas desde arriba por dinero, cuando no tienes que ser quien le diga a la madre: ‘No podemos ir hoy’”, dijo García. “Cuando nunca tienes que sentarte frente a la madre que realmente necesitaba que estuvieras allí”.
Las afecciones de salud mental, incluidos los trastornos por consumo de sustancias, son una de las principales causas de mortalidad materna en el país. Y, aunque las muertes por sobredosis a nivel nacional han disminuido recientemente, las tasas han aumentado en muchas comunidades afroamericanas y nativas americanas. A muchas personas en el campo de las adicciones les preocupa que estos recortes de fondos puedan revertir el progreso logrado con tanto esfuerzo.
Emily Hilliard, vocera del HHS, declaró a KFF Health News que el departamento se está reorganizando para mejorar la eficiencia, fomentar un enfoque más coordinado para la adicción y priorizar la financiación de proyectos que se alineen con la iniciativa presidencial Make America Healthy Again.
“Nuestro objetivo es optimizar los recursos y eliminar las redundancias, garantizando que los servicios esenciales de salud mental y tratamiento de adicciones se presten de forma más eficaz”, dijo en un comunicado.
Pero para Garcia, no se siente como una mejora. Se siente como abandonar a madres necesitadas.
Entre el momento en que se anunciaron los recortes y cuando el juez federal los suspendió, dos mujeres atendidas por el programa de García dieron a luz, contó. Aunque la financiación de su subvención estaba en el limbo, García le dijo a su empleada que estuviera presente junto a las madres.
La empleada hizo seguimiento con visitas diarias a las nuevas mamás, las conectó con servicios de tratamiento o vivienda cuando fue necesario y las ayudó a navegar por el sistema de servicios infantiles.
“Simplemente no puedo dejar a las madres sin servicios”, dijo García. “Simplemente no puedo hacerlo”.
Tampoco puede abandonar a esa empleada, agregó. Aunque la financiación federal proporcionó la mitad de su salario, García la ha mantenido trabajando a tiempo completo.
García dijo que emplea principalmente a mujeres que están en proceso de recuperación, muchas de las cuales pasaron años atrapadas en situaciones de abuso, dependiendo de los beneficios sociales. Ahora están sobrias y han encontrado un trabajo significativo que les permite mantener a sus familias, dijo. “Creamos nuestra propia fuerza laboral de mamás que ayudan a otras mamás”.
Este tipo de desarrollo de la fuerza laboral en recuperación parece estar alineado con los objetivos del Partido Republicano de lograr que más personas trabajen y reducir la dependencia de la beneficencia.
Las prioridades de la política de drogas de la administración Trump, publicadas a principios de abril, identificaron la creación de “una fuerza laboral calificada y lista para la recuperación” y el fortalecimiento de los servicios de apoyo entre pares para la recuperación como esfuerzos cruciales para ayudar a las personas a “encontrar la recuperación y llevar una vida productiva y saludable”.
Muchos programas de recuperación capacitan a personas para empleos manuales, lo que podría respaldar el objetivo de Trump de revivir la industria manufacturera.
Sin embargo, las acciones de la administración parecen entrar en conflicto con sus objetivos declarados, dijo Rahul Gupta, quien fue el zar antidrogas durante la administración Biden.
“No se puede tener manufactura si las personas no pasan una prueba de drogas en orina o continúan sufriendo adicciones o recaídas”, afirmó Gupta, quien ahora preside GATC Health, una empresa que utiliza inteligencia artificial para el desarrollo de fármacos.
Incluso si Vuelve a haber más empleos en las zonas rurales de Estados Unidos, recortar la financiación de los servicios de recuperación y de la principal oficina federal que supervisa estos esfuerzos podría significar que menos personas sean “empleables”, afirmó Gupta.
Las investigaciones sobre programas de recuperación, en particular los dirigidos por personas con experiencia personal en adicciones, sugieren que pueden aumentar la participación en el tratamiento ordenado por el tribunal, reducir la prevalencia de reincidencia, fomentar la asistencia a las citas de tratamiento y mejorar la probabilidad de reunificación y estabilización familiar.
Billy O’Bryan ve estos beneficios a diario. Como director estatal de la organización nacional sin fines de lucro Young People in Recovery, O’Bryan supervisa cerca de una docena de filiales en Kentucky que enseñan a personas en recuperación habilidades para la vida, como manejar una cuenta bancaria y presentarse a entrevistas de trabajo, y les muestran cómo divertirse en sobriedad, mediante caminatas en grupo y juegos de Ultimate Frisbee que brillan en la oscuridad.
Brindando servicios de recuperación “es cuando realmente invertimos en su futuro”, dijo O’Bryan, quien también está en recuperación.
Seis de sus capítulos se vieron afectados por los recortes de fondos federales. Por eso ha tenido que recurrir al fondo de emergencia de la organización para pagar al personal, y reducir los eventos comunitarios, incluyendo las jornadas de limpieza en las que los miembros del capítulo recogen jeringas usadas de la calle, distribuyen naloxona, el medicamento para revertir sobredosis, y hablan con personas que consumen drogas sobre la posibilidad de recuperarse.
Actualmente está explorando iniciativas de recaudación de fondos, pero no todos sus capítulos tienen la misma capacidad.
“En una ciudad como Louisville, recaudar fondos no es un problema”, dijo O’Bryan, “pero cuando uno llega a Grayson, Kentucky”, una zona rural en los Apalaches, “no hay muchas oportunidades”.
En Minnesota, Kaleab Woldegiorgis y sus colegas de la Niyyah Recovery Initiative solían pasar horas al día en comedores sociales, eventos comunitarios, mezquitas y en las calles de barrios musulmanes y África Oriental, intentando conectar con personas que consumen drogas. Hablaban somalí, amárico y suajili, entre otros idiomas.
Esas iniciativas de divulgación les permitieron encontrar personas que necesitaban servicios de recuperación y que no los buscaban por sí mismas, afirmó Woldegiorgis, quien anteriormente asistió a los grupos de apoyo de Niyyah cuando él mismo lidiaba con la adicción.
Tras construir relaciones con las personas, Woldegiorgis podía ayudarlas a conectarse con servicios de recuperación formales que facturan a sus seguros, explicó. Pero la ayuda no siempre podía esperar a un contrato.
Una tarde, poco antes de los recortes de fondos federales, Woldegiorgis y sus colegas hablaron con un hombre que comenzó a llorar, contando cómo había querido recibir tratamiento unos días antes, pero había perdido sus pertenencias, había vuelto a consumir drogas y había terminado en la calle.
Woldegiorgis dijo que ayudó al hombre a reconectarse con una hermana y a comenzar a explorar opciones de tratamiento.
Con los recortes, es posible que Niyyah ya no pueda apoyar este tipo de trabajo comunitario. Woldegiorgis teme que esto signifique que las personas no recibirán el mensaje de esperanza que puede surgir al interactuar con personas que pueden ser sus modelos de recuperación a seguir.
“La gente no recoge folletos para recibir estos mensajes. Y la gente no lee correos electrónicos ni mira mensajes publicitarios en ls calles y encuentra inspiración”, dijo. “La gente necesita gente”.
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